La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este lunes una serie de medidas para proteger a los ciudadanos y penalizar a aquellas empresas que acaten restricciones extranjeras.

El Congreso de Nicaragua aprobó la ley que penaliza a las empresas que implementen sanciones internacionales dentro del país, como las impuestas por Estados Unidos desde 2018.

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La Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas busca defender la soberanía nacional y responde a lo que el gobierno considera agresiones contra su pueblo e instituciones.

Al respecto, el diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, explicó que la ley «fortalece nuestro marco jurídico en la defensa de nuestra soberanía».

Según el texto legislativo, las entidades que apliquen sanciones extranjeras podrían enfrentar multas, e incluso la suspensión de sus operaciones, marcando un claro desafío al sistema financiero global dominado por Estados Unidos.

«Los nicaragüenses hemos hablado alto y claro: somos nosotros quienes tomamos nuestras propias decisiones», afirmó el diputado Moisés Absalón Pastora, enfatizando el compromiso del país con su autodeterminación.

Por su parte, el diputado Wálmaro Gutiérrez calificó de «absurdas» las medidas unilaterales impuestas por Washington, señalando que estas sanciones buscan «someter y arrodillar a los pueblos del mundo».

La aprobación de esta ley sigue a una reciente reforma constitucional, también avalada de forma unánime por la Asamblea Nacional. Entre las modificaciones más destacadas figura la creación del cargo de copresidente, que eleva el rango de Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, y refuerza su rol en el gobierno.

Además, la reforma incluye derechos fundamentales como la educación gratuita y de calidad en todos los niveles, y reconoce a los pueblos originarios y afrodescendientes. Según el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, estos cambios buscan modernizar el marco jurídico y asegurar la paz y la estabilidad del país.

“La soberanía, la paz y la autodeterminación son derechos irrenunciables. Esta reforma responde a las demandas históricas de nuestra población”, señaló Porras, quien destacó que la nueva Constitución fortalecerá la lucha contra la pobreza y garantizará la seguridad de todos los nicaragüenses.

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